SINDICALISMO SIN NORTE

SINDICALISMO SIN NORTE

Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico

El 12 de mayo de 1986 en Oruro se verificó el XXI Congreso Ordinario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sería el último que aglutinaría activamente a los sindicatos de la minería nacionalizada (COMIBOL), en ello radica su valor histórico; luego de este evento, se aplicaría con rigidez el DS 21060. Este congreso se constituyó entonces, la última oportunidad de salvar a  la minería estatal, aquella que había nacido el 31 de octubre de 1952 tras la llamada “Nacionalización de las Minas”.

Enérgicas fueron las posiciones de los representantes asistentes a este congreso: “…aún con salarios de hambre estamos dispuestos a salvar la nacionalización de las minas…la rehabilitación de la minería estatal, son ya imposibles de plasmar sin la nacionalización de la minería mediana”, afirmaba el documento presentado por el Eje Nacional de Convergencia.

“El imperialismo es el autor directo para intentar liquidar Bolivia como nación, como país de productores…no hay que descansar hasta que SAPI y COMSUR sean revertidas al Estado, es decir a COMIBOL”,  aseguraba el documento político elaborado por el sindicato de Catavi. 

Pese a estas consignas, la “relocalización” de los más de veinte mil trabajadores mineros se vino encima, con ello el plan siniestro elaborado por el capitalismo para la COMIBOL, se cumplía a cabalidad: lapidaban a la minería estatal en el país.

Años después, la historia nos da la oportunidad de revocar esta catastrófica medida. Evo Morales propone hoy cumplir con lo que fuera la demanda del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, la NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS, haciendo realidad la reactivación del aparato productivo minero; paradójicamente junto a este contexto nos encontramos frente a nuevas consignas de los sindicatos de trabajadores mineros pertenecientes a la empresa privada, consignas que rechazan esta posibilidad, a través de sus portavoces, asegurando que no están dispuestos a renunciar a la seguridad brindada por sus patrones (http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=128924&EditionId=2503I)

Extrañados por estas polémicas declaraciones, recurrimos a revisar el actual estatuto de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), institución que aglutina a los mineros asalariados del país, aquella que en otrora hizo frente a las múltiples asonadas golpistas registradas el siglo pasado y fuera el cimiento para la constitución de la Central Obrera Boliviana. El art. 4 De dicho Estatuto señala: “La FSTMB no acepta posiciones contrarias a los intereses de la clase obrera y a la liberación nacional y no renuncia a ningún medio de lucha o disposición legal que favorezca a sus afiliados”. Como podemos apreciar, el espíritu de  la FSTMB apuesta por el desarrollo de su clase y ésta por su liberación, posible con la nacionalización de las minas.

En nuestro análisis, añadimos el contenido del art. 5 referido a la Lucha Consecuente, donde indica: “la FSTMB lucha en forma tenaz por las reivindicaciones inmediatas y mediatas de los trabajadores mineros”. ¿Y es que acaso la nacionalización de las minas no fue una consigna de lucha y reivindicación después de la mal llamada “relocalización” implantada por el DS 21060?. Empero hoy la dirigencia sindical “privada”, se contrapone a esta lucha. La dirigencia ha perdido la brújula cuando abiertamente se oponen a la posibilidad de nacionalizar las minas, que hasta 1985 pertenecieron a la COMIBOL, minas que a través del proceso de capitalización y con el actual código minero (Ley 1777) como remate, ley impuesta también como medida económica del MNR, entregó las minas de Colquiri, Porco y Bolívar a la COMSUR, compañía de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy Sinchi Wayra, a través de contratos lesivos a los intereses del Estado, además de inconstitucionales porque dichos contratos nunca pasaron por la instancia del Congreso para su aprobación.

La Tesis de Pulacayo documento base de la clase minera e instrumento ideológico para la lucha obrera en el país, señala: “La lucha de clases es, en último término la lucha por la apropiación de la plusvalía. Los proletarios que venden su fuerza de trabajo luchan en hacerlo en mejores condiciones y los dueños de los medios de producción (capitalistas) luchan por seguir usurpando el producto del trabajo no pagado, ambos persiguen objetivos contrarios, resultando estos intereses irreconciliables”. Sin embargo, más de medio siglo después de redactado este documento, el criterio de algunos dirigentes cambio, hoy parte de la clase sindical minera defiende a raja tabla la propiedad privada y a sus patrones; debido que, hoy ambos persiguen los mismos objetivos.

La misma Tesis de Pulacayo nos dice: “Todo intento de colaboración con nuestros verdugos, todo intento de concesión al enemigo en nuestra lucha, es nada menos que una entrega de los trabajadores a la burguesía. La colaboración de clases quiere decir renunciamiento de nuestros objetivos”. ¿Cómo entendemos entonces el accionar de estos dirigentes?.

Durante años, en mi labor periodística, cuando cumplía las funciones de cobertura de fuentes, evidencie las diferencias entre los sindicatos de trabajadores mineros estatales y privados; diferencias ideológicas que llevaron a la FSTMB -que en otrora marcaba la línea sindical de la clase trabajadora del país- a un completo anonimato sumergido en el silencio y divido por la pugna ideológica.

Desde niños, en diferentes oportunidades, era normal escuchar en boca de los dirigentes que: “Para los trabajadores mineros lucha de clases quiere decir, sobre todo, lucha contra los grandes mineros; es decir, contra un sector del imperialismo yanqui que nos oprime. La liberación de los explotados está subordinada a la lucha contra el capitalismo internacional”, con gran decepción hoy veo que esto cambió.

Atrás quedaron las consignas referidas a “La ocupación de las minas”. Nuestra indignación se extrema, al identificar tremendas contradicciones históricas en los dirigentes mineros de la transnacional Glencore AG, con su subsidiaria Sinchi Wayra que opera en el país; en agosto de 2009, éstos mismos dirigentes en un claro afán sectorial, exigían al gobierno la nacionalización de sus minas (http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090815/mineros-de-sinchi-wayra-piden-nacionalizacion_30388_49185.html); sin embargo, y casi dos años después evidenciamos que su discurso tuvo un giro de 180 grados, me pregunto, ¿a qué se deberá esto?.

Hoy vemos que ésta posibilidad de poder resucitar a la minería estatal, está sepultada y de lo que si estoy seguro es que el tren de la historia a través de sus operadores, no permitirán que esta oportunidad retorne.

Es periodista