SER COOPERATIVISTA MINERO

SER COOPERATIVISTA MINERO

Por: Alfredo Zaconeta Torrico

Ni duda cabe que la reactivación minera ocasionada por la escalada de precios a partir del año 2003, trajo consigo no solo bonanza económica, empleos y reactivación de centros mineros que fueron silenciados con el DS 21060; también trajo consigo avasallamientos, enfrentamientos por intereses creados tal como se vivieron en Caracoles, Huanuni y hoy en Colquiri.

En los casos mencionados las circunstancias casi siempre fueron las mismas, cooperativistas en busca del dominio del yacimiento. En Caracoles (2004) lo lograron, en Huanuni (2006) no tuvieron éxito y hoy en Colquiri quieren medir fuerzas nuevamente.

Para entender mejor las causas de estos conflictos debemos inicialmente recordar que el cooperativismo tiene su origen en el sistema capitalista durante la primera fase de la industrialización, con el ideal de poder paliar la miseria provocada por este sistema mediante la “COOPERACIÓN” entre todos los afectados, organizándose en cooperativas de consumo, producción, ahorro y crédito.

En nuestro país; debido a su dependencia y atraso en el siglo XX, no pudo diversificar su economía y al ser un país donde predominaba la producción minera, no pudo absorber la mano de obra desocupada durante los periodos de crisis del sistema capitalista, los desocupados mineros recurren para sobrevivir a la caridad pública o la dotación de áreas mineralizadas para desarrollar trabajos como arrendatarios del Estado o el sector privado: así surgen las primeras cooperativas mineras en Bolivia.

En Bolivia la última crisis que repercutió de forma negativa en la minería fue la caída del precio de algunos minerales a partir de 1983, lo que dio posibilidad a que el MNR en 1985 ponga en marcha su “Nueva Política Económica” a través del DS 21060, despida a más de 20.000 mineros asalariados, cierre algunas minas y privatice otras. Además a través de este Decreto genocida da rienda libre a la libre comercialización y exportación de minerales, lo que hasta el momento se ha vuelto en uno de los principales incentivos para generar la informalidad en el sector minero a través de las cooperativas mineras y varios “empresarios” mineros.

En las primeras décadas del siglo XX el cooperativismo minero creció sin ley alguna. Esta ausencia de normas dejo librado crecimiento del cooperativismo. Este hecho es subsanado en alguna medida el 13 de septiembre de 1958, con la promulgación de la Ley de Sociedades Cooperativas, que recién entró  en vigencia el 1 de enero de 1959 y que paradójicamente, hasta la fecha no cuenta con una reglamentación, pese a varios intentos.

Esta Ley tiene entre sus principales objetivos: “Regular el funcionamiento autónomo de las Cooperativas y diferenciarlas de las personas, servicios y asociaciones de capital con fines de lucro”

También: “Limitar a las sociedades lucrativas que, con el nombre de Cooperativas, estaban lucrando con las ventajas, exenciones y privilegios que otorgaba el Estado a este tipo de organizaciones”.

Como ya es de dominio público, estos objetivos en la actualidad han quedado en el papel y solo son recurrentes al momento del discurso, debido que en la actualidad las cooperativas mineras, la mayoría de ellas, han llegado a constituirse en pequeñas empresas privadas y en varios casos, como las cooperativas que operan en el Cerro Rico de Potosí se aplica el subempleo por parte de los socios del sistema cooperativo.

Es vox pupuli que en varios distritos mineros los socios de las cooperativas mineras no son los que precisamente trabajan al interior de la mina; estos sólo cumplen funciones de administración a través del rol de eternos dirigentes en las federaciones regionales, departamentales y la nacional. La consulta debería ser entonces de los 100 mil trabajadores del sistema cooperativo que aseguran ser, ¿Cuántos son socios verdaderos? y, ¿cuántos son empleados de los cooperativistas?.

Y es que, ser cooperativista minero en estos días se ha constituido en un buen rédito, ya que las ventajas que los gobiernos de turno han brindado a este sector las hace atrayentes, ejemplo:

Ley 1786: (Sánchez de Lozada - 1997) autoriza la enajenación de los activos de la COMIBOL a favor de las cooperativas mineras y otros en calidad de ventas al crédito y/o arrendamiento financiero. (Hasta el año 2006 las cooperativas mineras debían a la COMIBOL 12 millones de dólares y tramitaban su condonación)

DS 25910 (Banzer - 2000) incluye a la FENCOMIN para poder efectuar evaluaciones técnicas y asistencia técnica en las transferencias de activos de la COMIBOL.

DS 26318, 26354 (Quiroga - 2001), 26812 (Sánchez de Lozada - 2002) y 27358 (Mesa - 2004), establecen la vigencia del Programa Minero de Empleo Productivo I, II y III, mediante el cual el Estado a través de COMIBOL subvencionó a fondo perdido a las cooperativas mineras y minería chica la caída del precio de los minerales. Entre el 2001 y 2004 la COMIBOL subvencionó con 8.7 millones de dólares, así mismo creó el Programa de Empleo Minero de Emergencia que entre los años 2002 y 2005 significó una erogación de más de 2 millones de dólares.

DS 27137 (Sánchez de Lozada - 2003) que extingue las deudas de  las cooperativas mineras con el ex Banco Minero de Bolivia y el ex Fondo Nacional de Exploración Minera.

DS 27192 (Sánchez de Lozada – 2003) que modifica la estructura del directorio de COMIBOL de siete a ocho directores y se da la apertura – de manera inconstitucional- para el ingreso de tres directores nombrados por FENCOMIN.

DS 27206 : (Sánchez de Lozada – 2003) que determina la condonación de deudas por concepto de multas e intereses por aportes al Seguro a Corto Plazo de las cooperativas a la Caja Nacional de Salud y autoriza a la COMIBOL el desembolso a fondo perdido de 896 mil bolivianos por aportes devengados de las cooperativas.

A esta pequeña muestra de medidas que favorecen a las cooperativas, se debe sumar las ventajas que  el actual gobierno también les otorgó: regaló compresoras, perforadoras, volquetas, ambulancias, retroexcavadoras, canchas, sedes sociales, ingenios, etc., a las diferentes cooperativas mineras asentadas en el país.

Las cooperativas también encuentran ventajas en el régimen impositivo minero en actual vigencia; a  diferencia de los operadores privados y estatal, el sistema cooperativo se encuentra exenta de pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Alícuota Adicional al IUE, el IVA, además, en el caso de las regalías mineras del 100% estipulado por la Ley 3787 a cada mineral, las cooperativas solo llegan a pagar el 60% tras el proceso de comercialización al cual están sometidos, además de trabajar en yacimientos “marginales” (tal como ocurre con los yacimientos auríferos).

El tema de previsión, mitigación y remediación ambiental es otro tema pendiente en el sector minero cooperativo, pese a las reiteradas intenciones del gobierno por normar este aspecto.

En el caso particular de Colquiri, los intereses de fondo de los cooperativistas quedaron al descubierto. La primera: la declaración del Senador Andrés Villca que señaló: “La cooperativa 26 de febrero, que opera áreas de Colquiri busca una empresa extranjera para explotar la veta Rosario”, esta aseveración provocó una justificada reacción de parte los mineros asalariados, que con movilizaciones lograron la salida de la empresa Sinchi Wayra de este distrito; sin embargo, las cooperativas pretendían el ingreso de otra.

La segunda: las declaraciones del Presidente de FENCOMIN Albino García, quien ante las circunstancias afirmó: “Si hay una persistencia de parte de los trabajadores asalariados del distrito minero de Colquiri, no hay otra cosa que tomar también nuestra posición, indicando que esta será la cooperativización, ya existiendo un DS del año 1986, donde se establece la entrega total de yacimientos a las cooperativas”. Con ambas declaraciones los cooperativistas ratifican su posición de no estar en la línea del gobierno. Los cooperativistas socios de todos los gobiernos neoliberales y otros, solo pretenden fortalecer la presencia de las transnacionales mineras en calidad de socios a través de la reposición de la política económica del MNR dispuesta en 1986 con el DS 21060.

Las circunstancias están claras, las cooperativas mineras no son cooperativas, no cumplen las premisas del cooperativismo. Lenín decía: “La sociedad socialista es una cooperativa única”, de ahí que las cooperativas como expresión colectiva de la cooperación, simple o compleja e integral, serán predominantemente capitalistas dentro del sistema y deberían ser socialistas cuando se desarrollan dentro el socialismo, modelo del cual aún nos encontramos muy distantes.

Un último apunte, en diversas declaraciones, algunas autoridades de gobierno solo manejan algunos datos sesgados. Hacen referencia al aporte por concepto de regalías mineras del pasado año señalando que: La Minería Estatal aporto $us 9,5 millones, la Minería Mediana (privada) $us 114,8 y las  Cooperativas $us 43,7 millones.

Sin embargo las autoridades omiten los datos que reporta el Impuesto a las Utilidades Específicas (IUE) que en el 2011 reportó las siguientes cifras: Minería Estatal $us 15 millones, Minería Mediana $us 234 millones y las cooperativas 0, equivalente a nada.

Nos ratificamos en asegurar que si el gobierno continúa insistiendo en mantener a los dos sectores mineros en conflicto en Colquiri, solo estará alentando a futuros conflictos con fatales consecuencias humanas y políticas, además de una alta condena de la opinión pública en general.

Alfredo J. Zaconeta Torrico

Es periodista

COLQUIRI, NACIONALIZACIÓN SI

COLQUIRI, NACIONALIZACIÓN SÍ

Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico

El conflicto suscitado en la última semana en el centro minero de Colquiri, ratifica algunos aspectos, entre ellos la inseguridad jurídica para las inversiones mineras, indistintamente quien sea el operador minero.

Lo suscitado en Colquiri nos evoca inmediatamente a octubre de 2006, cuando las cuatro cooperativas que operaban en la zona decidieron tomar por la fuerza las operaciones de la Empresa Minera Huanuni en el cerro Posokoni de ese distrito, que dejó como saldo lamentable 13 muertos y decenas de heridos.

Ya en ese entonces junto a otros colegas, veíamos con preocupación la posibilidad de que este cruento episodio pueda replicarse en Colquiri, zona minera de similares características, que en sus entrañas cobija tanto a trabajadores asalariados de la empresa privada y cooperativistas mineros. No nos equivocamos, el avasallamiento a la Compañía Minera Colquiri por parte de los cooperativistas mineros fue cuestión de tiempo.

Para hacer una recapitulación de los hechos que circundan a Colquiri, debemos partir del contexto de 1985, cuando fruto de la Nueva Política Económica se dispuso la relocalización de miles de trabajadores incluyendo a este distrito. Liquidada la actividad minera estatal, en 1997 en claro afán privatista, Gonzalo Sánchez de Lozada mandó a elaborar la Ley 1777 (Código Minero en actual vigencia) que en sus artículos 91 y 94 limita el rol de la COMIBOL y autoriza la enajenación de su patrimonio.

El plan del ex mandatario se consuma el año 1999;  como regalo de noche buena, su empresa la Compañía Minera del Sur – COMSUR, a través del DS 25631 de 24 de diciembre (gobierno de Hugo Banzer), se adjudica la licitación del contrato de arrendamiento de Colquiri, ofreciendo un porcentaje de participación del 3,5% del Ingreso Neto de Fundición y una inversión de 2 millones de dólares en los dos primeros años, esto se consolida en abril del año 2000 fecha en la que la COMIBOL, Compañía Minera Colquiri, COMSUR y Actis, firman un contrato de Arrendamiento de la mina Colquiri por 30 años, con posibilidades de ser ampliado por acuerdo entre partes, “si aun existieran reservas minerales”, para la explotación de zinc y estaño. Este contrato estableció un canon de arrendamiento de 2,8% del Ingreso Neto de Fundición por los primeros 4 años y luego el 3,5% por los otros restantes, esto incluía un goce de los activos de Colquiri que a tiempo de su arrendamiento tenía toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades mineras: campamento, caminos, energía eléctrica, así como un valor en reservas mineras entre zinc y estaño de $us 192.000.000 (positivo y probable al año 2000).

Este contrato, junto al de Porco (Potosí, bajo dominio de Sinchi Wayra), siempre fue objeto de crítica por los bajos ingresos que reportan para el Estado y la minería estatal; además, en su oportunidad estos fueron acusados de dolo y lesivos contra el patrimonio del Estado; cabe mencionar que, dichos contratos nunca fueron enviados al Congreso para su consideración, aprobación o rechazo, como lo establecía la anterior Constitución Política del Estado. A esta serie de observaciones se debería sumar, ¿cuan facultada estaba COMSUR para subarrendar concesiones a favor de cooperativas mineras?, como lo hizo para asegurarse para cumplir con sus niveles de producción. El panorama se ensombrece más en febrero de 2005, cuando de forma sorpresiva a través de la prensa nacional se informa del traspaso de acciones de COMSUR a favor de la transnacional Glencore AG, que desde la fecha opera a través de su subsidiaria Sinchi Wayra en diferentes áreas mineras en el país.

Las observaciones a Sinchi Wayra y sus operaciones  -entre ellas Colquiri-  siempre fueron objeto de critica, es por ello que el Presidente Evo Morales planteó la posibilidad de nacionalizar esta mina hace 4 años atrás, oferta que los trabajadores mineros de este distrito rechazaron. Este tema volvió a tapete de discusión en el último congreso de la FSTMB realizado en Potosí, en septiembre del pasado año, entonces un fragmento de la representación de Colquiri solicitó incluir en el documento político del congreso, la nacionalización de las minas de Sinchi Wayra, hecho respaldado por los representantes de Huanuni.

Las observaciones sobre la actual administración de Colquiri y los argumentos para su nacionalización son diversos, el accionar de sus ejecutivos siempre esta cuestionado, el último, la firma del convenio entre los cooperativistas que avasallaron sus instalaciones y la Compañía Minera Colquiri S.A., referente a la veta Rosario. Resulta que, esta veta que se encuentra de Norte a Sur, es parte del contrato de arrendamiento entre COLQUIRI S.A. y la COMIBOL, administradora de los derechos mineros en la mina Colquiri, por lo mismo, es la estatal minera quien debía autorizar de forma escrita cualquier transferencia a cualquier título de las zonas y/o yacimientos comprometidos en el contrato de Arrendamiento a segundas o terceras personas, al no darse esta figura, habría una tácita violación del contrato; por lo tanto, este quedaría nulo.

Sinchi Wayra siempre buscará sacarle el mayor rédito a sus operaciones, ya sean con contratos lesivos al Estado o firmando acuerdo para subarrendar sus áreas de trabajo con la condición de que se les venda la producción de minerales y así evadir las responsabilidades sociales y ambientales.

En el sector minero priman los intereses económicos por donde quieran verlo y estos se deben a la escalada en los precios internacionales de los minerales. Una ultima consulta es: ¿y cuando bajen los precios, qué vendrá?. Lo más seguro es que operadores mineros cooperativistas y empresarios privados nuevamente,  exigirán medidas al Estado para garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores. En mi modesto entender este es el mejor argumento para que el Estado nacionalice Colquiri y las otras operaciones de Sinchi Wayra, y así administre y  garantice el futuro minero de nuestro país.

El gobierno debe reflexionar que, nacionalizar sólo las concesiones de la empresa Sinchi Wayra y dejar a los cooperativistas operando en Colquiri, es alentar un seguro enfrentamiento como el acontecido en Huanuni.

Es periodista

LA CLASE OBRERA

LA CLASE OBRERA
Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico
Concluida la asonada de movilizaciones, valdría la pena hacer puntuaciones y calificar el rol de la dirigencia sindical de los trabajadores de Bolivia.

Iniciando este análisis recordemos que, Carlos Marx define la clase obrera o proletariado como: “individuos que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, entendiendo que el salario no es el precio del trabajo, sino de la fuerza del trabajo,  y que no son propietarios de los medios de producción”, entonces gracias a este concepto podemos identificar a quienes  debemos considerar como trabajadores proletarios en estas movilizaciones.

Hoy en día nuestra clase obrera, aglutinada en la Central Obrera Boliviana (COB), en un afán de querer recobrar la vigencia que gozaba décadas atrás, vino a constituirse en el puntal de lanza de las últimas movilizaciones, en pos de ser atendidos en sus demandas, mismas que tienen como pilar el incremento salarial.

La historia de la COB nos muestra que desde su creación ha tenido muy en cuenta para su accionar, el contexto político en que se desenvolvía el país, a partir de este análisis planteó sus objetivos propios. Es así que a partir de su nacimiento, fue la impulsora de las transformaciones estructurales que dieron fin al régimen minero-feudal. Otro hito que también es acreditable a la COB junto al pueblo, es la reconquista de la democracia, aunque esta no se coronó, debido que no se pudo llegar al régimen socialista, como se esperaba y se planteó es sus inicios.

El actual gobierno asegura que el modelo que viene aplicando, apunta a la consolidación de un Estado Socialista Plurinacional, y los principios marxistas señalan que: “…bajo el socialismo la lucha de clases tiene que ser continuada, para consolidar la dictadura del proletariado”. Se señala que los trabajadores deben estar preparados ideológica y prácticamente para luchar contra las fuerzas antisocialistas desarrolladas por los enemigos de clase y animados por la intervención y la subvención organizada por el imperialismo; sin embargo este hecho como esencia al parecer aun no es digerido a cabalidad por la dirigencia.

En este contexto de movilizaciones y demandas, es evidente que existió, existe y existirá una clara irrupción política e ideológica, de políticos y grupos conservadores, que salen a la opinión pública con un solo discurso, centrado contra la actual gestión de gobierno, al igual que los dirigentes sindicales, que adolecen de una crisis ideológica.

Los dirigentes no se dan cuenta que cayeron en la estrategia definida por los opositores políticos del gobierno, y es que las demandas de la COB en estas movilizaciones se confundieron, apareciendo así como opositores políticos, junto a los médicos que por esencia pertenecen a la clase media acomodada y nunca pertenecieron al movimiento popular. En síntesis, la dirigencia obrera dejo que las exigencias de los médicos, se convierta en una reivindicación de la COB

La tesis socialista de la COB nos señala que: “la COB asume el papel de dirigente de la revolución, como genuinos representantes de los intereses nacionales” y es que en estas últimas movilizaciones, es algo que no se vio ni escucho, ya que las movilizaciones se redujeron a un carácter meramente “salarialista”. Acá es bueno diferenciar y aclarar que los mineros de Huanuni dejaron clara su posición y cuestionaron el pliego de la COB, asegurando que este carecía de fondo, puesto que este pliego no decía nada sobre la  reactivación del aparato productivo nacional, hecho que no es considerado por  los fabriles quienes prefieren que sus demandas circunden en incremento salarial y apertura de mercados con preferencias arancelarias, rol que corresponde a la parte patronal.

Tal vez la cuestionante de la que debamos partir es: ¿La COB quiere llegar a un modelo de Estado socialista?, creo que por lo descrito conocemos la respuesta.

En este contexto los dirigentes no son los únicos desorientados, ya que a estos debemos sumar a los trabajadores en salud y los universitarios quienes se comprometen en defensa de los médicos, algo incomprensible ya que si estos profesionales logran su objetivo, no compartirán absolutamente nada con quienes los están apoyando.

Urge una relectura de la realidad ya que algunos perdieron la orientación, hecho que es aprovechado por otro sector que saben cuáles son sus intereses y cómo lograrlos.

Alfredo J. Zaconeta Torrico

Es Periodista

EXTRACTIVISMO Y LEGISLACIÓN

EXTRACTIVISMO Y LEGISLACIÓN
Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico

El llamado extractivismo, termino polémico y discutido, que incluye la explotación minera y petrolera, tiene una larga historia en América Latina, y es que a partir de estas actividades se ha podido nutrir las corrientes exportadoras, desempeñaron papeles claves en las economías nacionales, pero también han estado en el centro de fuertes polémicas por sus impactos económicos, sociales y sobre todo ambientales. Estos últimos alertan de que el actual extractivismo deriva en diversos efectos múltiples, desde el cambio climático y la destrucción de la capa de ozono, a la trasgresión de los límites del ciclo del nitrógeno y del fósforo, la acidificación de los océanos, la ruptura del ciclo del agua con miles de represas, el intenso cambio de uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, entre otros.

Ya en estos tiempos no nos debe extrañar que la población reaccione de manera tan radical y vehemente oponiéndose a estos proyectos mineros, petroleros, inclusive en contra de la construcción de vías de comunicación y otras obras de infraestructura y es que el campesino e indígena se siente engañado y vulnerado, asumiendo así un discurso ecologista radical.

Un hecho notable es que a pesar de todos esos debates y afirmaciones el extractivismo goza de buena salud. Las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico, tal es el caso de la minería boliviana que en el 2011 registro cifras expectables: en producción de minerales concentrados llego a 3.739 millones de dólares y de exportaciones mineras llegó a 3.448 millones de dólares, cifras nada despreciables.

Ahora, la discusión no debería pasar por ser un país extractivista o no, considerando nuestra tradición minera, el debate debería centrarse en poder lograr los consensos para lograr un equilibrio entre extractivismo y preservación del medio ambiente, esto cumpliendo lo que dicta nuestra Constitución Política del Estado en su art. 8 que sustenta nuestros valores como Estado Plurinacional.

Para encarar esta labor, en el país debemos partir de la elaboración de las nuevas leyes de minería, hidrocarburos y medio ambiente con sus respectivos reglamentos, en consenso con todos los operadores y actores involucrados, entendiendo así, que esta es la única forma de garantizar los emprendimientos e inversiones en de la industria extractiva en Bolivia.

Para lograr consolidar esta propuesta solo queda al Estado el cumplimiento del art. 30 de la CPE, en su numeral 15 que señala “A ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará  y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

A esta consideración, deberá sumarse lo que señala el numeral 16 que a la letra señala: “A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”. En el caso de la minería se avanzó, pero no lo suficiente, ya que los porcentajes de tributación y distribución de la regalía minera no reflejan la realidad de la bonanza minera y la ley 3787 nos sabe a poco.

Ahora, lo que no debe confundirse es que extractivismo no es lo mismo que saqueo, y esta debe traducirse en el contenido de estas nuevas leyes que garanticen el mejor aprovechamiento para los bolivianos de la explotación de nuestros recursos naturales. Se debe cambiar de actitudes y trabajar por cambiar el pensamiento de que “el desarrollo me empobrece”, viendo a este desarrollo como posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los bolivianos

Alfredo J. Zaconeta Torrico

es periodista

DOMITILA, SE VA LA VIDA

DOMITILA, SE VA LA VIDA
Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico
La historia de Domitila Barrios y su trayectoria se desarrollan en la más dura y cruenta segunda mitad del siglo XX, época plagada de injusticias por gobiernos de facto y gobiernos “democráticos” que veían en el proletariado minero una constante amenaza a sus intereses.

Esposa de trabajador minero, madre de siete hijos, luchadora consecuente. Sus años de lucha y la autenticidad de su compromiso le valieron el reconocimiento de diferentes generaciones de dirigentes mineros, y organismos nacionales e internacionales.

La escuela donde se forjo Domitila es la misma vida del pueblo, en su cotidiano que hacer, como ama de casa, como madre y compañera en las minas. Doña Domitila desde muy temprana edad entiende que el trabajador minero no es el único explotado, ya que como efecto indolente del sistema, lo son también las esposas e hijos, hecho que marca su decisión de luchar junto con sus compañeras de clase.

Conversar dos veces con ella me bastaron para comprender que con el socialismo no se resuelven todos los problemas, más al contrario, ella comprendía que el socialismo en Bolivia, como en cualquier parte del mundo, será el mecanismo que creará las condiciones para superar las diferencias sociales y económicas, logrando así nuestra liberación nacional.

Con su lucidez imparcial Domitila siempre dejó claro que sus acciones y la de los dirigentes contemporáneos a su lucha, no siempre fueron acertados, pero ella siempre quiso que estas experiencias fueran documentadas a objeto de que las actuales y futuras generaciones de dirigentes recojan estas y en el caso de los errores no se los repita y se tomen mejores decisiones.

Muchos escucharon de Domitila Barrios de Chungara por la lucha que emprendió contra la dictadura de Banzer a finales de 1977, cuando junto a cuatro de sus compañeras: Nelly de Paniagua, Luzmila Rojas de Pimentel, Angélica de Flores y Aurora de Lora, sus hijos y los religiosos Luis Espinal y Xavier Albo, sostuvieron la extrema medida de la huelga de hambre por el lapso de 21 días, hecho que  quebraría al gobierno militar, abriéndonos una puerta hacia la democracia.

Sin embargo, la lucha de Domitila empezó dos décadas antes, en su infancia, contra la discriminación por su humilde condición de huérfana de madre. En su lucha contra los sueldos de miseria que otorgaba la fallada COMIBOL, a la cual combatía con la venta de salteñas para ayudar a la economía del hogar.

Su lucha contra el machismo minero. Para esto testimoniamos con un fragmento de su biografía retratado por Moema Viezzer en su libro “Si me permiten hablar” que señala: “Aquellos compañeros que pegaron a sus esposas deben ser agentes del gobierno. Solo así se justifica que ellos estén en contra de que sus compañeras hayan pedido lo que en justicia nos corresponde”. Este fragmento referido a la movilización protagonizada por las amas de casa de Siglo XX en 1973, en demanda de un aumento de cupo en la pulpería. Domitila junto a este comité busco romper ese mito de que: “la mujer estaba hecha para la casa”, por el contrario, Domi y las mujeres mineras lograron el reconocimiento de sus compañeros como “armas de casa”

Su lucha fue consecuente y así se evidenció nuevamente en la dictadura de René Barrientos autor de la “Masacre de San Juan” en 1967, cuando fue víctima de torturas por defender sus principios y la dignidad de sus compañeros.

 Así son muchas las pruebas que se pueden dar de esta gran mujer, de firmeza en el discurso y la acción, que tuvo la oportunidad de participar en 1975 en la tribuna del año internacional de la mujer organizado por la ONU en México, representando a las mujeres bolivianas.

Doña Domi nunca busco constituir una feminismo lastimero, por el contrario busco superar esas taras de nuestra sociedad. Esto lo deja establecido en el testimonio brindado a Víctor Montoya, cuando señala: “…en una sociedad dividida en clases, hay una diferencia, no sólo entre la burguesía y el proletariado, sino entre las mismas mujeres: entre una mujer académica y una doncella, la esposa de un millonario y la esposa de un minero, una mujer que lo tiene todo y otra que no tiene nada.”

Domitila no se ha ido, ella sigue presente en cada uno de nosotros, en cada lucha que se emprenda contra las injusticias, Domitila vive en las reivindicaciones que perseguimos, en el discurso de quienes buscan mejores días para los bolivianos y no en el discurso de oportunistas que hoy se llenan la boca con falsos sentimientos de políticos de la derecha; después de todo la lucha de esta gran mujer fue contra ellos.

El deceso de Domi, nos ratifica que los años no pasan en vano y que los reconocimientos deben hacerse en vida. Aun existen aquellos legendarios dirigentes, como Simón Reyes, Oscar Salas, Edgar Ramirez, Jorge Zaral, Víctor López, Juan Hoyos, Guillermo Dalence, José Pimentel, que en nuestro criterio merecen un justo reconocimiento, así como las 4 compañeras de Domitila, que estuvieron junto a ella en el piquete de huelga de hambre.

Alfredo J. Zaconeta Torrico

es periodista