HAMPATURI

HAMPATURI

Por: Alfredo Zaconeta Torrico

Semanas atrás, en una anterior columna, nos referimos a los riesgos que conlleva la actividad minera. Hacíamos referencia que: “... la prevención es el mejor elemento para evitar desastres como los que se registran a menudo, en diferentes operaciones mineras”, sean estas en el sector cooperativo, mineros chicos, minería mediana e incluso en la minería estatal.

Desde este espacio identificamos como principales factores para estos desenlaces fatales, a la explotación desmedida, la falta de uso de los implementos de Higiene y Seguridad Industrial (HSI) y la carente dirección técnica que se aplica por los mineros, sobre todo en el sector minero cooperativo y los mineros chicos.

Por lo suscitado en la mina “La Solución”, en la localidad de Hampaturi del Departamento de La Paz, donde fallecieron los mineros Saur Mamani Guarachi y Ramón Choque Choque,  tiene como causa principal a la negligencia de los anteriores propietarios de la mina, quienes habilitaron un dique de colas en un lugar no apto, lo que ocasionó, como consecuencia, el colapso que victimó a dos trabajadores mineros.  

El actual código minero (Ley 1777) establece en su art. 43 que: “los concesionarios y quienes realicen actividades mineras están obligados a cuidar de la vida y salud de sus trabajadores aplicando las normas de seguridad e higiene industrial vigentes. También cuidarán que sus actividades no causen daño a sus concesiones, a las colindantes ni a la firmeza de los terrenos y edificaciones de la superficie”.

A esto se suma las disposiciones del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en su capítulo III, art. 34 que señala: “se prohíbe botar, abandonar o depositar residuos sólidos minero-metalúrgicos en áreas no autorizadas y en forma diseminada o desordenada”. También el art. 36 señala: “El diseño, construcción operación, mantenimiento y cierre de presas, depósitos y rellenos deben realizarse por profesionales especializados en la materia. Los operadores –anteriores y actuales-  de la Empresa Minera omitieron el  cumplimiento de estas normas.

A lo mencionado, sumamos los efectos de la denominada“Nueva Política Económica”con el   DS 21060, medidas de las cuales se siguen arrastrando sus secuelas. Para el sector minero asalariado, determinó el despido masivo de más de veinte mil trabajadores del subsuelo, dando rienda suelta a libre explotación, comercialización y exportación de minerales y lo más desvergonzado de esta medida, dejar en manos de la empresa privada los yacimientos más grandes que detentaba la Comibol.

Sin embargo esta medida calo más hondo, ya que el gobierno del MNR dejó a su suerte a  personas que tenían como única formación el laboreo minero y que se vieron obligadas, por un tema de sobrevivencia, a seguir en esta actividad,  dejada a su suerte, sin dirección técnica, ni garantías laborales, a través de la organización de cooperativas y otros. El grueso de éstos “relocalizados”, desempleados más bien, se convirtieron en cooperativistas mineros y en menor número se  agruparon en pequeñas empresas mineras y ambas son precisamente las más propensas a este tipo de accidentes.

Los gobiernos neoliberales poco o nada hicieron en las últimas dos décadas para fortalecer a la minería, un claro reflejo es la actual Ley Minera que fue hecha a medida del sector privado; sin embargo, son estos mismos operadores que incumplen la norma como lo detallamos líneas arriba.

Lo que urge es una nueva norma que regule todas las actividades mineras, una ley que otorgue garantías al Estado, empresarios, trabajadores y comunidad. Una norma que garantice la tan demandada“seguridad jurídica”para inversionistas y operadores, pero también, la seguridad para el trabajador minero, quien arriesga su vida cotidianamente en las galerías y socavones.

Una última reflexión, es mi falta de comprensión del porque los empresarios mineros no aplican lo que  conocemos como reinversión, y señalamos esto tomando en cuenta las estadísticas que nos señalan que los precios internacionales de los minerales han superado toda expectativa prevista, y esto obviamente ha generado buenas utilidades para los empresarios mineros. Amerita entonces la siguiente pregunta: ¿Cuánta de esta utilidad se reinvierte en equipamiento, asesoramiento técnico y seguridad industrial?.

Creemos que la nueva normativa minera deberá brindar serías garantías para las actividades mineras, y que esto obligue al empresario minero a tributar de forma honesta – de acuerdo a la producción lograda-  y reinvertir sus utilidades apuntando a lograr una minería responsable, con respeto al medio ambiente y sobre todo, con una cultura de preservación de la vida.

Es periodista

SIP: ¿Libertad de Empresa?

SIP: ¿Libertad de Empresa?

Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico

Anoticiados sobre las disposiciones del Gobierno boliviano, quienes en su afán de buscar erradicar las formas de racismo y discriminación; en una típica acción paternalista, la Sociedad Interamericana de Prensa o Inter American Press Asosiation (SIPIAPA) con sede en Miami EE.UU. , a través de una delegación hizo conocer su posición, misma que se suma a la posición asumida por un grupo de medios y algunos periodistas, asegurando que con la aprobación de esta Ley en cuestión, la “Libertad de prensa” en Bolivia se veía amenazada.

Pero, veamos que es la SIP. Creada a mediados del siglo pasado a la sombra de la CIA, que vio en ella un sutil instrumento de dominación neocolonial. Sus más de mil afiliados responden a oligarquías que actúan fuertemente aliadas.

Entre los fundadores que sentaron las bases de este organismo se encontraban los agentes de la CIA, Jules Dubois y Joshua Powers, además del funcionario del Departamento de Estado, Tom Wallace, según lo relata Fortunato Esquivel (http://alainet.org/active/41759)

Cuando revisamos el portal de la SIP (http://www.sipiapa.org/v4/), encontramos que se definen como: una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas.

 Sus principales objetivos son:

•       Defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas
•     Proteger los intereses de la prensa en las Américas
•     Defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo
•     Alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial
•     Promover el intercambio de ideas e información que contribuye al desarrollo técnico y   profesional de la prensa
•     Alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual.

Informados de estos objetivos, nos quedamos con el último, aquél que señala “Alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual.”.

Apreciando estas líneas, queremos referirnos a los orígenes de la SIP sus acciones desempeñadas en las décadas de los 70 y 80, cuando en Latinoamérica se buscaba lograr una independencia en la comunicación mediática.

Esta organización tiene en su carrera, el apoyo a campañas en contra de gobiernos legítimos, provocando en varios casos incluso la caída de estos.  Quizás el caso más emblemático de acción desestabilizadora de la SIP, haya sido el de su campaña de propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas reaccionarias chilenas y la CIA, a partir de la implementación de una fuerte guerra psicológica.

Lo hizo también contra organizaciones como la Unesco, cuando promocionaba el derecho de los Estados a tener políticas comunicacionales que pretendían establecer un Nuevo Orden de la Información y la Comunicación (NOMIC), para democratizar las comunicaciones sobre la base de políticas nacionales.

Este informe presentado ante la Unesco en 1980 y publicado en varios idiomas en 1986, sugirió un cambio en las estructuras de los medios de comunicación, democratizándolos. Este informe más conocido como el Informe McBride, (por el nombre de quien lideró la investigación, Sean McBride), tuvo amplias repercusiones, por su carácter analítico sobre la orientación de la información en los medios masivos, el acceso al espacio en ellos y la propiedad de los mismos. Este informe demostró hasta el cansancio las asimetrías de poder existentes en la comunicación y difusión de mensajes, y en la definición de sus contenidos.

El informe se aprobó, pero quedaba un largo camino para llegar al establecimiento de un acuerdo sobre el NOMIC. Los EEUU lanzaron entonces la acusación de que quienes lo impulsaban pretendían implantar un sistema de censura gubernamental sobre los medios y acabar con la libertad de prensa. En respuesta a esta posición retiró sus aportes, dejándola casi sin recursos. Claro, esto porque los líderes de la SIP preferían y prefieren que el sistema informativo sea un instrumento de dominación.

Finalmente, a causa de ésta posición, en 1984 el Reino Unido se retiró de la Unesco y al año siguiente lo hicieron los Estados Unidos y Singapur. Abandonada por sus principales contribuyentes, una crisis política y económica disminuyó fuertemente las posibilidades del ente. De todos modos, por dos años más la Unesco reivindicó al NOMIC hasta que la idea desapareció del escenario definitivamente en 1989 con la adopción de la llamada nueva estrategia de comunicación, adaptada a la finalización de la Guerra Fría.

Por todo lo mencionado debemos dejar claro que la SIP no es un organismo representante de la defensa de la libertad de expresión; es una patronal de medios. La SIP se empeña en hablar como representante de los periodistas; sin embargo, hemos visto que se trata de una organización empresarial, que sólo representa a los dueños de los medios–cumpliendo así su segundo objetivo - , por lo tanto, no puede hablar en  nombre del gremio periodístico, como lo han denunciado varios periodistas del continente.

No sería justo dejar esa conclusión sin algunas otras interrogantes: ¿Cómo podemos interpretar que la SIP se haya mantenido al margen de lo que ocurrió en Honduras?, recientemente sometida a un golpe de Estado con severas restricciones a los medios de comunicación, con ocupaciones militares y persecuciones. O lo más reciente, lo ocurrido en Ecuador con el intento de Golpe y el rol de algunos medios que se sumaron a ésta intención. -entonces la SIP no cumple con su primer objetivo-.

Otro ejemplo, es el silencio para Colombia, cuando el gobierno de Álvaro Uribe fue interpelado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para responder algunos cuestionamientos en torno a la libertad de expresión que se vive en ese país.

La historia de las décadas pasadas nos ha demostrado que el dinero de la CIA mana para organizar movilizaciones, “supuestas”huelgas de hambre y como en el caso boliviano con algunos periodistas y dueños de medios que se encuentran en el afán de recolectar firmas ¿de dónde sale el presupuesto?

Al viejo estilo y como la CIA ordena y la SIP cumple, ahora las primeras planas de los periódicos adoptan carácter sensacionalista con titulares extravagantes, relegando a segundo plano otras noticias. Junto a la campaña por la “Libertad de Expresión” se publican sólo noticias sobre atracos, violencia, narcotráfico, escases de productos de primera necesidad, incremento de precios, en un claro intento por hacer creer que Bolivia es un país inseguro e inviable.

En los medios influidos por la SIP-CIA, de ahora en adelante, los principales titulares tendrán siempre un corte negativo, pues de lo que se trata es de culpar al gobierno del MAS  de los males que aparentemente ocurren con frecuencia en el país, como lo sucedido en 1973 en Chile.

Es Periodista

MEDIDAS DE MEDIOS A MEDIAS

MEDIDAS DE MEDIOS A MEDIAS

Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico

Mucha agua bajo el puente ha transcurrido, desde la iniciativa legislativa – hoy ley promulgada-  LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. Diversos grupos conservadores, desde la empresa privada y pseudo sindicatos lanzaron el grito al cielo, asegurando que con esta Ley, “la libertad de expresión en el país expiró”.

Cuando advertimos crespones negros en las primeras planas de los periódicos, los minutos de silencio ofrecidos por medios radiales, o varios piquetes de huelga de hambre -a los cuales los medios televisivos nacionales brindan una amplia cobertura-, nos imaginamos un duelo nacional por un gran deceso, por una irreparable pérdida, que la democracia nuevamente se vió intervenida ¿pero qué sucede?, nos anoticiamos de que nada de esto ha sucedido, de que la democracia que costó la vida de miles de bolivianos en diferentes movilizaciones, sigue firme, más viva que nunca y con 28 años de supervivencia. Entonces, ¿Cuál el motivo de tanta revuelta?.

La respuesta a la iniciativa legislativa de poner fin a la constante arremetida que asestan algunos “periodistas” y empresarios de la palabra, amparados en lo que interpretan, como “Libertad de expresión” –que algunos incluso llegaron a confundirla con el libertinaje de la palabra-, no se deja esperar; viendo la firme intención de acabar con los privilegiados dueños y amos de la palabra e informaciones a medias y de quienes lucraron con ella, “libertades” que hoy se ven afectadas.

Para ningún compatriota es ajeno el nivel de discriminación y racismo que se vive en el país; las ínfulas y complejos que trajeron nuestros colonizadores, ahondadas con el inicio de la República en 1825, que se fueron acentuando con el transcurrir de las décadas posteriores.

La desorientada oposición política del país, aseguró – a través de los medios movilizados --, que ésta era una Ley pensada para perseguir a la oposición. ¡Grandes falacias!, el espíritu de la Ley por el contrario, debería dejarlos tranquilos; considerando que, se prohíbe cualquier tipo de discriminación, sea esta por razones de ideología o filiación política, sea éste neoliberal, capitalista, fascista o trotskista. Es decir, protege más bien a la oposición de cualquier forma de discriminación de parte del oficialismo. Ésta ley prohíbe entonces, también la discriminación “desde abajo”; es decir, contra los q’aras, los gringos, terratenientes, latifundistas y similares.

Ahora, cuando se refieren al tan vilipendiado art. 23 de la Ley en cuestión, se debe dejar claramente establecido que éste hace hincapié en los servidores públicos — incluyendo a militares y policías —, y después a los medios de comunicación, a los que se concede por una vez, la posibilidad de retractarse, lo que en todo caso es muestra de que no se trata de una ley persecutoria, ni represiva.

En el fondo y lo que nadie dice, es que la ley va en contra del mal uso de la libertad de expresión y que los empresarios de las mass media boliviana, volvieron en Libertinaje –claro, entendieron que ésta es la forma más fácil y rápida de lucrar - con las ahondadas diferencias provocadas por colores de piel, pertenencia a un pueblo indígena o apellido se hizo noticia y se vendió.

Las paradojas provocadas con estas movilizaciones resultan sui generis, a decir:

La primera: El suscrito tuvo la oportunidad de participar en diferentes congresos de la Confederación Nacional de la Prensa, donde, de forma clandestina participaron representantes de la Red UNITEL, quienes hechos un manojo de llanto, relataron como Osvaldo Monasterios, les había despojado de su derecho de libre organización sindical, hecho que entendemos como la privación de un derecho universal de libre expresión, entonces ¿Quién  discrimina y coarta la libertad de quién?. Ahora la paradoja: En estas movilizaciones veíamos que uno de los sindicatos mejor organizados era precisamente el de los trabajadores de UNITEL, y las incógnitas surgen inmediatamente, ¿Será qué el Sr. Monasterios reflexionó y ahora reconoce el derecho de sus trabajadores de poder organizarse?, personalmente lo dudo.

La Segunda: Resulta hilarante escuchar que los movilizados están completamente de acuerdo en la lucha contra el racismo y la discriminación, para luego añadir que a la prensa se le debe dejar la libertad de publicar libremente las ideas, así sean estas de corte  racista. ¡Pregunta! ¿Desde cuándo la prensa y los periodistas estamos exentos de acatar las leyes?, salvo Carlos Valverde quien abiertamente declaró: “oficialmente me paso esta Ley por las pelotas”; entendemos esto porque hasta ahora, nadie conoce donde obtuvo el título de periodista, por lo mismo seguro que no debe sentirse aludido.

La Tercera: Es la primera vez que se ve una movilización, donde periodistas (obreros) y dueños de medios (empresarios), uniformaron criterios, conceptos, acciones en pos de un objetivo común; nos preguntamos entonces, si éste es un nuevo ejemplo de alianza de clases como muchos registrados en el país, ¿será que posteriormente uniformaran la repartija de sus buenas ganancias?.

En ésta línea, debemos entender que la comunicación social es un proceso mediante el cual se transmite información con significados, sentimientos y conceptos abrazados a valores de igualdad, equidad y liberación; sin embargo, también pueden estar abrazados a ideas racistas y discriminatorias por distintos medios. Entendamos que la verdad puede ser manipulada al antojo de los propietarios de los medios de producción, de los medios televisivos; ésta puede ser tergiversada, parcializada y en el fondo ser una profunda mentira con banderas de valor universal, un paralogismo mediático.  Es evidente el rol de la mass media en Bolivia, se encontró y se encuentra al servicio de quienes detentaron el poder político y detentan el poder económico, con el objetivo de lograr la subordinación de las audiencias, actuando como instrumento de manipulación al mejor estilo del modelo capitalista que volvió a la información y comunicación en un bien comercial.

Es Periodista

SOMBRIOS DÍAS DE SOCAVÓN

SOMBRIOS DÍAS DE SOCAVÓN

Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico

Tras 67 días de cautiverio provocado por un derrumbe en interior mina, el pasado martes 12 de octubre los 33 mineros atrapados en los socavones en la mina de oro y cobre San José, en pleno desierto de Atacama, al norte de Chile, volvieron a la vida como diríamos varios.

Sin embargo el hecho no se torna solo en el ámbito noticioso, como lo reflejó la prensa internacional, ya que este incidente  solo es lo que comúnmente llamamos el efecto de un sin número de deficiencias cotidianas que se registran en la actividad extractiva como es la minería y no solo en Chile, ya que estos accidente se extienden a los largo de nuestro continente, y en el mundo entero.

Con lo acontecido el 5 de agosto en Copiapó (Copa de Oro), en la región de Atacama, Chile desnudó sus falencias respecto al cumplimiento de normas de Seguridad Industrial y prevención de desastres en interior mina.

Sin embargo el hecho de desgracias en el laboreo minero, no sólo es una preocupación en Chile, ya que anoticiados de los últimos sucesos, conocemos de accidentes en interior mina – y con menor fortuna- que se dieron en Ecuador, Colombia y el ultimo en China que registró el deceso de 37 mineros, nos muestran que estas tragedias son indiferentes al momento de darse.

Las minas chinas son consideradas las más peligrosas del mundo.  Según datos el año pasado, 2.631 personas murieron en estas minas.  Según observadores independientes, el número verdadero de muertos en las minas chinas podría ser mucho más alto, ya que muchos incidentes no son señalados para evitar costosos cierres de yacimientos, en momentos en que existe una fuerte presión para aumentar la productividad y obtención de materias primas.

En Bolivia, país eminentemente minero, los accidentes mineros no resultan novedad, ni nos resultan ajenos. Un hecho que  causa bastante preocupación es la preservación del Cerro Rico, no sólo por el hecho de ser un patrimonio plasmado en el Escudo Nacional, sino por las consecuencias fatales que podría causar su desmoronamiento en los más de 12.000 trabajadores mineros cooperativistas que operan en el mismo.

En diferentes oportunidades, el Gobierno y organizaciones advirtieron de los riesgos si el Cerro Rico sigue siendo objeto de explotación, y es evidente, el Cerro Rico que actualmente detenta el titulo de Patrimonio Natural de la Humanidad, corre el riesgo de hundirse y eso se ha evidenciado técnicamente.  Los estudios realizados por el Servicio Geológico Técnico de Minas y Comibol, informaron que en la parte superior del Cerro Rico existe un hundimiento de cerca de 8 metros de profundidad y 4 metros de ancho, según ese informe, el hundimiento está ubicado a 4.776 metros de altura y fue provocado por la activad de explotación de interior mina.

Según los mismos cooperativistas, en el Cerro Rico se registran un promedio de 3 accidentes por semana y este año al menos fallecieron 21 cooperativistas - según los casos reportados- , pero esta cifra se multiplicaría por miles, si el deterioro del Cerro acabaría en catástrofe y seguro que como país, no estamos en condiciones de poder desplegar el operativo que se dio en Chile.

Somos creyentes de que la prevención es el mejor elemento en casos como éste, y acá señalamos la causa de esta preocupación es la explotación desmedida y carente de dirección técnica que se aplica por los mineros cooperativistas, así como en reiteradas ocasiones la negativa de las cooperativas mineras, que no permitieron la concreción óptima del estudio, para la preservación del Cerro Rico. Acá deben surgir voluntades, y no sólo del Estado que habla de planes e intenciones, sino la parte fundamental se constituye en la voluntad de los mismos mineros, de dejar que las conclusiones de los estudios técnicos sean acatadas, para lograr preservar sus vidas y su fuente de vida, que es la actividad extractiva.

Los bolivianos muchas veces aprendemos por la vía más difícil y creemos que el ejemplo de Chile y los 33 mineros de Copiapó, se constituyen en el mejor elemento que podemos usar de ejemplo para que los mineros del Cerro Rico asuman el valor de la vida.

Es periodista