EXTRACTIVISMO Y LEGISLACIÓN

EXTRACTIVISMO Y LEGISLACIÓN
Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico

El llamado extractivismo, termino polémico y discutido, que incluye la explotación minera y petrolera, tiene una larga historia en América Latina, y es que a partir de estas actividades se ha podido nutrir las corrientes exportadoras, desempeñaron papeles claves en las economías nacionales, pero también han estado en el centro de fuertes polémicas por sus impactos económicos, sociales y sobre todo ambientales. Estos últimos alertan de que el actual extractivismo deriva en diversos efectos múltiples, desde el cambio climático y la destrucción de la capa de ozono, a la trasgresión de los límites del ciclo del nitrógeno y del fósforo, la acidificación de los océanos, la ruptura del ciclo del agua con miles de represas, el intenso cambio de uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, entre otros.

Ya en estos tiempos no nos debe extrañar que la población reaccione de manera tan radical y vehemente oponiéndose a estos proyectos mineros, petroleros, inclusive en contra de la construcción de vías de comunicación y otras obras de infraestructura y es que el campesino e indígena se siente engañado y vulnerado, asumiendo así un discurso ecologista radical.

Un hecho notable es que a pesar de todos esos debates y afirmaciones el extractivismo goza de buena salud. Las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico, tal es el caso de la minería boliviana que en el 2011 registro cifras expectables: en producción de minerales concentrados llego a 3.739 millones de dólares y de exportaciones mineras llegó a 3.448 millones de dólares, cifras nada despreciables.

Ahora, la discusión no debería pasar por ser un país extractivista o no, considerando nuestra tradición minera, el debate debería centrarse en poder lograr los consensos para lograr un equilibrio entre extractivismo y preservación del medio ambiente, esto cumpliendo lo que dicta nuestra Constitución Política del Estado en su art. 8 que sustenta nuestros valores como Estado Plurinacional.

Para encarar esta labor, en el país debemos partir de la elaboración de las nuevas leyes de minería, hidrocarburos y medio ambiente con sus respectivos reglamentos, en consenso con todos los operadores y actores involucrados, entendiendo así, que esta es la única forma de garantizar los emprendimientos e inversiones en de la industria extractiva en Bolivia.

Para lograr consolidar esta propuesta solo queda al Estado el cumplimiento del art. 30 de la CPE, en su numeral 15 que señala “A ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará  y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

A esta consideración, deberá sumarse lo que señala el numeral 16 que a la letra señala: “A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”. En el caso de la minería se avanzó, pero no lo suficiente, ya que los porcentajes de tributación y distribución de la regalía minera no reflejan la realidad de la bonanza minera y la ley 3787 nos sabe a poco.

Ahora, lo que no debe confundirse es que extractivismo no es lo mismo que saqueo, y esta debe traducirse en el contenido de estas nuevas leyes que garanticen el mejor aprovechamiento para los bolivianos de la explotación de nuestros recursos naturales. Se debe cambiar de actitudes y trabajar por cambiar el pensamiento de que “el desarrollo me empobrece”, viendo a este desarrollo como posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los bolivianos

Alfredo J. Zaconeta Torrico

es periodista