SUBVENCIONANDO LA FUTURA CRISIS
Es periodista.
Por.: Alfredo J. Zaconeta Torrico
Comienzo esta columna, seguro de que la medida del DS 0748, no tuvo carácter de un gasolinazo al mejor estilo neoliberal; tal como fue aplicado desde el gobierno de Víctor Paz (1985), hasta Carlos Mesa (2005), cuyos objetivos eran cerrar los permanentes déficits fiscales que provocaron sus políticas económicas.
La medida planteada por el gobierno, entendemos, buscaba cerrar la creciente brecha entre producción -estancada en los últimos cinco años- y consumo de líquidos (gasolina y diesel oíl), hecho que derivó en el incremento de la importación de estos carburantes, lo que permitió alcanzar la preocupante suma de 660 millones de dólares por año, un claro atentatorio a la economía nacional.
La subvención; sin embargo, no es un tema nuevo en nuestro país, la práctica de ésta medida se inició en 1977 en el gobierno de facto de Hugo Banzer. En su génesis buscaba beneficiar a la oligarquía terrateniente asentada en el oriente boliviano del mismo modo a los empresarios del transporte, que fueron aliados de éste y otros gobiernos de facto.
En la actualidad, si bien como lo señalo el gobierno, la subvención de carburantes beneficia a la población; pero también, siguen siendo beneficiados la empresa privada, tal el caso de los agroindustriales en el oriente, y la minería “mediana” de occidente. Ésta subvención llegó entre otros además, a mineros asentados ilegalmente en inmediaciones del Rio Orthon en Pando, quienes adquirían 15 mil litros de diesel al mes, subvención que hacía posible la explotación desmedida de oro, para su posterior contrabando hacia el Perú o Brasil por nuestras extensas fronteras.
Asumámoslo, la subvención no es una medida saludable, ni estratégica. Nuestra economía sigue desmejorada en comparación a nuestros vecinos por los estándares de vida. Por lo mismo la subvención es atentatoria; considerando que es el principal aliciente para el contrabando.
Cuando escuchamos impresiones de lo que fue la promulgación del DS 0748, encontramos criterios a favor y en contra. Algunos coincidían que la medida fue acertada, porque ponía fin con la subvención que finalmente recae en hombros de los bolivianos, además que al eliminar el contrabando se acabaría el desabastecimiento del mercado interno. Sin embargo, el grueso de la población, los que se animaron a manifestarlo en las calles y los medios, calificaban a la medida de neoliberal y atentatoria a la economía del pueblo boliviano.
Ante esta bipolaridad de opiniones, debo decir que no compartimos el criterio expresado por varios colegas que compararon al DS 0748 con el DS 21060. El primero pretendía cerrar la brecha entre producción y consumo de carburantes (gasolina y diesel oíl) y fomentar la producción de crudo. La segunda medida, por su parte, cambió el sistema económico del país, que abrió la puerta al libre mercado, la libre especulación, el despido masivo de trabajadores, acabo con la industria nacional debido a la libre importación y exportación de productos.
Debemos además, reconocer a luces que éste gobierno tuvo la valentía de lanzar una medida que terminaba con esta desmedida subvención. En anteriores gestiones de gobierno no se intento eliminar la misma y no precisamente por temor al enojo del pueblo boliviano; más bien, ningún gobierno quiso eliminar la subvención, por no afectar a los intereses de la empresa privada, quienes hasta ahora, reiteramos, se sigue viendo favorecida por esta medida.
El gobierno cometió errores, hay que reconocerlo, el más notorio fue el no acompañar el DS 0748 con un paquete de medidas sociales, no reconocer la falta de una política hidrocarburifera clara, lo que se constituye en un problema estructural. No reconocer que la disminución en la producción de petróleo es cada vez más drástica, no hacer pública la disminución de las reservas que creemos se conocía el 2006 (engaño de las transnacionales).
De lo sucedido, el gobierno deberá aprender –con el ánimo de seguir avanzando- y elaborar una nueva política hidrocarburifera, con mayores inversiones en exploración, perforación, desarrollo de campos y especialmente para producir líquidos, acelerar la conversión de automotores a Gas Natural vehicular, revisar la distribución del IDH para eliminar los privilegios. YPFB deberá asumir el control total de la comercialización de hidrocarburos, incluso en la venta de carburantes en surtidores. Ejercer un mayor control fronterizo para la lucha contra el contrabando. Todas estas medidas deberán tener como objetivos el fortalecimiento de la economía nacional y aliviar la penuria económica de los sectores populares aun desfavorecidos. Y nosotros reconocer que la subvención a futuro será la causa de una profunda crisis.
Es periodista.
