Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico
En estas últimas semanas, la población boliviana atestiguo nuevamente la capacidad de movilización que tiene la Universidad Boliviana, ahora por una supuesta vulneración por parte del Gobierno a la tan mentada “Autonomía Universitaria”; a través de la Ley Financial, Ley Avelino Siñani y el “proyecto” de Ley del Seguro Universal de Salud.
Con bloqueos en las calles, marchas y enfrentamientos, en defensa de la mentada “Autonomía Universitaria”, docentes, universitarios y trabajadores administrativos, nos evocaron a gestiones pasadas, cuando la dirigencia universitaria salía a movilizarse en pos de mejorar el presupuesto universitario. Repasando por estas movilizaciones, vuelvo a mis años de universitario y de dirigente en la Universidad Técnica de Oruro, época de correteos, logros y frustraciones.
Recuerdo, que nuestras demandas abordaban desde la mejora de condiciones de estudio a través de un mejor presupuesto; entonces, docentes, trabajadores administrativos y estudiantes uníamos fuerzas bajo una sola consigna “Presupuesto para la U”, culminadas nuestras asonadas e ingeniosas movilizaciones, el idilio entre docentes, alumnos y trabajadores terminaba. Obtenidas nuestras demandas presupuestarias, llegaba el momento de la repartija; y por supuesto -como bien se conoce-, eran los señores docentes quienes se llevaban el grueso de este presupuesto en salarios y otros beneficios. Como respuesta de resistencia a tan injusta distribución, comenzábamos el segundo round de movilizaciones; esta vez más dispersos que unidos, nuestros ex aliados: los docentes, siempre se daban “modos” de desinflar las movilizaciones de los estudiantes, -con métodos, sutiles y persuasivos- como hasta hoy ocurre. Este hecho estaba constituido en un ritual, cada quien conocía sus roles en el accionar de exigir nuestros derechos al Gobierno de turno.
Ya en esos años de estudio, como paliativo a nuestras discrepancias universitarias, se decide crear el Seguro Social Universitario (SSU). Seguro, –que en versión de las autoridades- lograría mejorar la calidad de vida de los estudiantes
universitarios; sin embargo, éste seguro ampliaba su cobertura a los señores docentes y trabajadores administrativos. No pusimos reparos, aceptamos con gran amplitud; como universitarios reconocíamos el derecho universal a la salud. Al poco tiempo las diferencias entre docentes y universitarios volvieron a florecer: se confirmaba que el SSU –desde sus inicios, hasta hoy en día- es fuente de la más clara discriminación. Docentes y administrativos –además de su familia-, gozan de una cobertura de gastos del 100%; en cambio a los estudiantes sólo se les llega a cubrir un máximo del 50%, ni hablar de los costos post operación u atención con medicamentos. Por éstas razones me sumo, amparado en el principio del derecho a la salud, como un derecho universal, que el servicio médico debe ser administrado por el Estado, evitando así privilegios y privilegiados.
Lo otro, la resistencia de la Universidad Boliviana a que el Estado asuma la fiscalización sobre el uso de sus recursos, parece seguir escaldando a quienes administran y disponen de estos fondos otorgados por el Estado. No es la primera vez que se habla de la necesidad de transparentar el manejo económico de los recursos otorgados a la “U”; empero, siempre que se toca el tema, nuevamente se agarra la bandera de “Autonomía Universitaria” para defenderla con uñas y dientes.
Lo cierto es que muchos de nuestros universitarios hoy en día no saben porque se movilizan, ni quién está detrás y al frente de esa movilización. Las cosas han cambiado y es más que evidente señalar que, la “Autonomía Universitaria” ha ido perdiendo su esencia en concepto, aquella que fue fruto de largas jornadas de movilizaciones, que buscaba como autonomía en lo político e ideológico, el libre desarrollo de la ciencia, el conocimiento en pro del desarrollo de nuestro país, hoy se ha confundido con el libre albedrío.
Ahora no se ve en las calles a los universitarios y menos a docentes u administrativos, movilizados para luchar por mejoras en la política minera o hidrocarburífera, para lograr una verdadera industrialización de nuestros recursos; pese que, parte de los recursos que dispone la Universidad corresponden al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Es evidente que ahora sólo se movilizan por intereses sectoriales.
Hay que reconocerlo, la Autonomía Universitaria ha sufrido una malversación y degeneración provocada por intereses de universitarios, docentes e incluso algunos trabajadores. Para muestra basta un botón dice el adagio, y ver lo sucedido en Oruro el pasado viernes 18 de marzo, cuando las elecciones para renovar el Centro de Estudiantes en la carrera de Comunicación Social se convirtió en un campo de batalla (http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=62373). La injerencia del estamento docente al estamento universitario es evidente – vivida en dirigencia propia –, ésta fórmula garantiza, a título de Autonomía, preservar el triste panorama descrito párrafos arriba. Para muchos sujetos la premisa se dirige por la consigna “a río revuelto ganancia de pescadores”.
Es periodista
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