AVASALLAMIENTOS II
Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico
Continuando este análisis ahora nos permitimos acotar algunas sugerencias que nacen de nuestra inquietud y experiencia, que creemos pueden contribuir estos conflictos, fruto de los avasallamientos.
Estamos seguros que para superar este conflicto, toca trabajar en temas como la inclusión, la distribución equitativa de las regalías mineras a través de la nueva normativa del área minera, el tema medio ambiental, el acceso a la información y el rol acertado de los medios de comunicación como mediadores del conflicto.
El Estado lo primero que debe afrontar es lograr una verdadera inclusión de las comunidades en la actividad minera. Esta podría lograrse de diferentes formas, entre ellas: aplicar la Constitución Política del Estado Plurinacional, su artículo 306, parágrafo II, que señala: “La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”, además el parágrafo IV, que señala: “las formas de organización económica reconocidas en esta constitución, podrán construir empresas mixtas”. Con esto, las comunidades a través de la conformación de Empresas Comunitarias, pueden entrar a la actividad extractiva de la minería sin tener que rivalizar con los otros operadores mineros. Asimismo, si tomamos en cuenta el parágrafo IV: estas empresas comunitarias podrían asociarse a los actuales operadores, sean estas cooperativas mineras o mineros privados.
Otra forma es modificando los porcentajes de distribución de las regalías mineras y los impuestos por utilidades de las empresas (IUE), elevando el 15% que actualmente llega a los municipios. La redistribución es necesaria, ya que si bien la Ley 3787 logró otorgar este porcentaje, esta medida resulta insuficiente por las necesidades de los municipios y las regiones donde está el yacimiento minero, debido que el grueso de la recaudación se sigue quedando en las gobernaciones.
Ahora, si bien se dio algún tipo de inclusión de la comunidad en la operación minera por parte del empresario, ésta nunca fue franca de parte del empresario, ello desde ya debe cambiar. El Estado deberá emitir normas para que la comunidad donde se vaya a realizar la operación, disponga y tenga acceso a la información y brinde una verdadera participación ciudadana, este espacio permitiría conocer los intereses, aspiraciones y problemas de la comunidad, aspectos que deberán ser tomados en cuenta por los operadores mineros.
El reconocimiento del derecho de la población a acceder a la información es un aspecto clave para garantizar su participación en las acciones de la operación, por ello es importante que los operadores mineros estén obligados a presentar información de carácter técnico, económico, ambiental y enmarcadas a con las nuevas disposiciones de las leyes de minería y sus reglamentos en actual vigencia.
Aplicar esta política, creemos, podría traer beneficios para todos los sectores involucrados en las operaciones:
Beneficios para la población:
- Permite a la población tener un mayor entendimiento acerca de los riesgos ambientales e impactos a los que ellos, sus familias y comunidad están expuestos.
- Permite desarrollar una democracia participativa
- Fomenta la equidad de las oportunidades de desarrollo de los actores sociales
- Permite que el conocimiento y la experiencia local sea tomada en cuenta en el diseño de los proyectos y planes en su ejecución.
Beneficios para el operador minero:
- Valida la información disponible sobre el impacto del proyecto
- Mejora el entendimiento sobre las preocupaciones de la comunidad
- Reduce la posibilidad de conflictos o acciones legales
- Reduce la posibilidad de retrasos o gastos futuros por la incorporación de temas y preocupaciones locales en etapas iniciales de los proyectos.
- Propicia la participación ciudadana
- Construye relaciones de confianza con los líderes locales y medios de comunicación, lo que permitiría propiciar alianzas estratégicas.
Beneficios para el gobierno:
- Facilita una toma de decisiones informada, con el aporte de la comunidad
- Permite contar con la vigilancia informada de la ciudadanía, para identificar y tomar acciones gubernamentales
- Construye una base para el consenso de programas para el desarrollo local
- Elementos para generar soluciones creativas y apropiadas al entorno local.
Entonces, la participación ciudadana no sólo debe entenderse como deseable, sino además necesaria, generando beneficios para los pobladores y también para los operadores mineros, además del gobierno.
Ahora con referencia a los operadores privados y las empresas transnacionales deberán esmerarse en aplicar el verdadero concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que no se la aplique con acciones paternalistas como se la vino realizando hasta ahora, con enfoque en lograr un desarrollo sostenible de la comunidad. Debemos ser claros al señalar que debido a que los minerales son recursos no renovables, es imprescindible que las autoridades locales tengan conciencia de lo que sucederá con su comunidad una vez que los operadores terminen sus operaciones y cómo esto afectará a su región, esto no sólo referido al tema medio ambiental, sino también a los aspectos socioeconómicos.
Debemos ser amplios para comprender que los campesinos al tiempo de envidiar la condición y posición de los mineros, se muestran bastantes críticos hacia la dominación de los operadores mineros, quienes han ido mostrando su arrogancia e individualismo, los denuncian, recordando sus raíces campesinas, los acusan de haberse desclasado. También debemos entender que los ingresos generosos que logran los trabajadores y operadores mineros, incentiva a que los indígenas quieran ingresar a trabajar a la mina.
En palabras de Xabier Albo y Olivia Harris, en su libro “Monteras y Guardatojos” señalamos que: “La alianza entre mineros y campesinos es una alianza natural, no es fácil, pero lo es”, debemos apostar por el diálogo antes que recurrir a la vía de la confrontación, entre sectores hermanos de clase.
Para culminar, apuntamos que en el conflicto de los avasallamientos, el rol de los medios de comunicación es preponderante y este debe constituirse en un rol de mediación y no limitarse a ser relatores del hecho.
Es Periodista
